El argumento utilizado por los defensores del sistema dictatorial totalitario neo feudal de los hermanos Castro Ruz, en relación a la posibilidad de los cubanos de viajar libremente es, que existe una falta “absoluta” de información sobre las leyes y reglas que rigen el sistema impuesto por los hermanos dictadores.
No es que sea imposible salir del país. La inexistencia de un sistema democrático y el fracaso del modelo mal llamado socialista, en Cuba, es la causa fundamental del descontento generalizado.
La dictadura neo feudal no prohíbe por decreto salir del país. Es algo mucho más sutil que eso. Se trata de que el acceso a la información se encuentra compartimentada por razones que convienen tanto a la parte que le corresponde al desgobierno cubano, como a la parte que le corresponde a otros gobiernos.
Lo cierto es que el único impedimento verdadero, es el descalabro de la economía del país. Al estar totalmente devaluada la moneda nacional, el desgobierno no puede hacer frente a la solicitud, del ciudadano común que pretende cambiar la moneda nacional por divisas convertibles.
Desde el momento que en Cuba no existe un sistema de mercado libre, aunque desde 1994 algunas pequeñas empresas han subsistido el rigor de impuestos y persecuciones de carácter político, todos los ciudadanos cubanos son dependientes (económicamente) del desgobierno.
Hace unos años, hasta el día que nuevamente prohibieron la libre circulación del dólar norteamericano, e inventaron una moneda más, a las varias existentes, el cubano común podía demostrar hipotéticamente (si tenía una licencia de trabajo por cuenta propia) que podía hacer frente al costo del pasaje de ida y vuelta y la estancia en el país o países que pretendía visitar.
A partir de la entrada en vigor de la moneda llamada CUC la situación ha cambiado. En estos momentos, es nuevamente, el desgobierno, el que decide si cambia o no los CUC en moneda libremente convertible. De esta forma el desgobierno ha cercenado, al cubano común, la única posibilidad de viajar por medios propios, a la vez que ha recrudecido la represión.
Pero la verdadera limitación del cubano común no era, en ese entonces (desde 1994 hasta el 2004) por parte del desgobierno, sino de los gobiernos de los países que, el cubano común, pretendía visitar.
Por ejemplo: En mi caso particular, pretendía viajar a Portugal. Me presenté en la embajada portuguesa de la Ciudad de La Habana, como cualquier hijo de vecino, para solicitar una visa de turismo. Me dijeron, muy amablemente que los cubanos solo podíamos viajar al extranjero mediante una carta de invitación. Alegué que podía demostrar mi solvencia económica, debido a tener una licencia del desgobierno cubano para el alquiler de mi vivienda a ciudadanos extranjeros, pero no resultó.
Debido al temor de que los cubanos pretendan emigrar una vez fuera de Cuba y establecerse en el país de su elección, el gobierno portugués, al igual que el resto de los países que componen la Unión Europea (UE), no otorgan visados de turismo a los nacionales cubanos.
Una carta de invitación, de un ciudadano de la UE, además de la amistad implícita que requiere, viene acompañada de una serie de trámites legales, los cuales la hacen prácticamente imposible. Para empezar, el ciudadano (en éste caso portugués) que emite la carta de invitación, ante notario público (comienza el desembolso de dinero) tiene la obligación de acompañar a dicha carta de invitación un atestado (también cuesta dinero) en el cual debe referir una cuenta bancaria de varias cifras, con el marcado propósito de hacer frente a cualquier eventualidad que pueda presentar el cubano común durante su estancia en el país del invitador.
Si a esto le agregamos que la caducidad de los referidos documentos es de tres meses y los trámites del organismo de inmigración y extranjería del régimen totalitario demoran más o menos el mismo tiempo, se puede dar la posibilidad de que las referidas cartas y atestados, así como el pretendido visado hayan caducado antes de emprender el viaje.
Entonces, sí que existe una fuerte limitación, traducida en una componenda (despropositada) entre la dictadura totalitaria y casi todos los gobiernos de los países de este mundo. Existen uno o dos países cuyos gobiernos no precisan de tales documentos.
No se trata de un capricho, sino de una imposición (solapada), a la cual, nadie hace mención.
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