El legislador republicano por Florida Mario Díaz-Balart
(imagen), de origen cubano, es uno de los promotores del
texto y uno de los más firmes opositores al giro diplomático
hacia la dictadura totalitária
Los republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. presentaron hoy un proyecto de ley de financiación del Departamento de Estado para el año fiscal 2016 con una disposición que bloquearía la financiación para abrir una nueva embajada estadounidense en Cuba.
Las disposiciones intentan el recién estrenado aperturismo del presidente
de Estados Unidos, Barack Obama,
para normalizar las relaciones con la dictadura comunista, después de que, tras
sacar al régimen totalitario de la lista de regímenes patrocinadores del
terrorismo, se haya allanado el camino para la apertura de sedes diplomáticas.
El proyecto de ley incluye la prohibición de fondos para una embajada u
otro centro diplomático en Cuba, más allá de lo que existía antes del anuncio
de diciembre del presidente de cambiar la política de Estados Unidos hacia el
régimen dictatorial.
El legislador republicano por Florida Mario Díaz-Balart, de origen cubano,
es uno de los promotores del texto y uno de los más firmes opositores al giro
diplomático hacia el régimen dictatorial, totalitario y neo feudal que oprime
por más de medio siglo al pueblo de Cuba
Además de esta disposición, Díaz-Balart ha apoyado otras medidas en otros
textos vinculados al gasto para limitar los viajes desde EE.UU. a Cuba y las
exportaciones a la isla.
Por otra parte, el documento solicita que el secretario de Estado se niegue
a expedir visados a Estados Unidos para miembros del Partido Comunista y
militares del régimen.
La medida también restringiría fondos para facilitar la apertura de una
embajada de la dictadura comunista en Estados Unidos, pero aportaría
financiación a temas de inclusión democrática y programas de radiodifusión
internacional.
Algunos miembros del Congreso, encabezados principalmente por los
legisladores cubanos estadounidenses del Partido Republicano, se oponen a la
decisión de Obama sobre la normalización de las relaciones.
Consideran que, para ello, el régimen de Raúl Castro debe incrementar la
mejora de la situación de los derechos humanos en la isla, así como extraditar
a los fugitivos de la justicia estadounidense que puedan residir aun en suelo
cubano.
Al conocerse el contenido de la disposición, la Casa Blanca emitió un
comunicado oponiéndose a la misma y asegurando que el presidente vetaría el
texto en caso de que los aprobara el Congreso.
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