Las iniciativas deben recorrer un camino complejo antes de llegar a la mesa del Presidente para su ratificación definitiva
Para que un proyecto sea enviado al Presidente para su
firma y conversión en ley, es preciso que tanto la Cámara de Representantes
como el Senado lo aprueben en el transcurso de los dos años que dura el periodo
de sesiones.
¿Cuán
difícil sería eliminar el embargo de los Estados Unidos contra la Dictadura
Totalitaria Neo Feudal de los hermanos Castro Ruz?
¿Cuán
difícil es el recorrido de un proyecto de ley en el Congreso?
Los
proyectos de ley atraviesan diferentes niveles de aprobación, tanto en la
Cámara de Representantes (cámara baja) como en el Senado (cámara alta). Los
subcomités, los comités y luego el pleno de ambas cámaras, deben dar el visto
bueno.
Cuando
el proyecto de ley llega al Comité propuesto, este puede reescribirlo de forma
íntegra, o incluso negarse a analizarlo. Solo si es aprobado por el Comité pasa
a discusión en el pleno.
Una
vez en el pleno, los jefes del partido de la mayoría —en este caso los
republicanos—, deciden las prioridades políticas para ser analizadas por ambos
hemiciclos.
El
escenario es aún más complejo en la Cámara de Representantes, pues el partido
mayoritario elige al Speaker (vocero), que preside las sesiones y tiene la
potestad de decidir qué proyectos de ley son discutidos.
Cada
proyecto debe ser aprobado tanto por la Cámara como por el Senado, que siguen
casi los mismos pasos para su análisis, aunque no necesariamente lo hacen de
forma simultánea, lo cual puede demorar también el proceso.
Si
al final del camino las versiones del proyecto de ley de ambas Cámaras no
coinciden, se convoca al Comité de Conferencias para que concilie las
propuestas, y los resultados son devueltos al Senado y la Cámara de Representantes.
Finalmente,
para que un proyecto sea enviado al Presidente para su firma y conversión en
ley, es preciso que tanto la Cámara de Representantes como el Senado lo
aprueben en el transcurso de los dos años que dura el periodo de sesiones.
Los
ciudadanos de los Estados Unidos que, sueñan con hacer turismo o comerciar, tendrán
que esperar a que sus representantes en el Congreso decidan.
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