La dictadura podrá modificar, a su antojo, la Ley de Procedimiento Penal.
De esa forma le será, aparentemente más fácil, aumentar la represión contra el pueblo que
protesta.
La dictadura considera que, basándose en la nueva constitución, pueden reprimir a su antojo a los
que la critiquen dentro y fuera del país.
El funcionario que, apareció en la televisión, dándonos una clase de miedo se equivoca. Aunque el
artículo 4 de la constitución (que no es carta magna) establezca la irrevocabilidad del sistema,
impuesto por los hermanos Castro Ruz al pueblo de Cuba, eso no quiere decir que, un mamotreto
de semejante índole sea honorable y un deber supremo su defensa.
Empecemos por decir que, la patria no es solamente de aquellos que profesan el socialismo
totalitario. La patria es de todos. Estar en desacuerdo con el régimen de oprobio, no significa
traicionar a la patria, sino estar en contra de las tropelías de un grupúsculo de mafiosos (GAESA)
que utilizan los beneficios de sus negocios sucios en su propio bienestar y no en los del pueblo.
Las más severas sanciones le serán aplicadas a todo el represor que se le compruebe el delito.
El problema de la dictadura a sus voceros radica en que, ellos mismos no saben diferenciar entre lo
que significa una Carta Magna y una Constitución. Y al no sabre la diferencia cometen errores
inimaginables a un ser humano normal.
Una Carta Magna no es elaborada por un parlamento. Es elaborada por un Rey. En dicha carta, se
reconocen los derechos de la aristocracia. Por tanto, la identificación nominal entre una CM y una
Constitución puede resultarles incómoda a quienes conocen la historia de ambas.
Pero dejemos claro algo, antes de continuar:
Una constitución que tenga a un partido político por encima de ella, no es válida. Es el caso de la
actual constitución. Gústele a quién le guste y pésela a quién le pese.
Es por eso que, los cubanos, no tenemos que rendirle obediencia.
Porque la han convertido en una constitución REPRESORA.
Según la nueva constitución, los cubanos tenemos el derecho de acudir a las armas para combatir a
los que se han apropiado de la ley de leyes, imponiendo un sistema fracasado y que no guarda
relación con las aspiraciones de nuestro pueblo.
Tanto es así, que un mequetrefe, como Reyes Blanco, se atreve a amenazar al pueblo, que protesta,
advirtiéndonos que aquellos que protesten serán sancionados dentro y fuera de Cuba, mediante
cooperación judicial con gobiernos acólitos.
En descarada violación de los derechos humanos, el represor tilda de mercenarios a los que
protestan pacíficamente. Es muy burdo cuando, califica al mercenarismo, con regalos y recargas
telefónicas, como consumados delitos. Se atreve a advertir (una clase de miedo) que planean hasta
extradiciones de cubanos que protesten desde fuera del país o juzgarlos en ausencia, a aquellos que
financien, convoquen y coordinen acciones en contra de la dictadura.
La verdad es que no sé si lo que están buscando es que los cubanos que residen en el exterior dejen
de enviar remesas a los familiares que viven en Cuba.
Solo aquellos “gobiernos” socialistas, como Venezuela o Nicaragua, serían capaces de prestarse a
semejante violación de loa derechos humanos.
La participación del jefe del departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía
General de la DICTADURA TOTALITARIA en el programa televisivo -Hacemos Cuba- forma
parte de una estrategia para atemorizar (terrorismo) en medios de comunicación oficialistas,
argumentando las modificaciones previstas en el ordenamiento jurídico
En enero, el fiscal , por su participación en un acto público en La Habana, que no cumplió las José
Luis Reyes Blanco exoneró al actual dictador en jefe Miguel Díaz-Canel Bermúdez de un posible
delito de propagación de epidemias normas sanitarias gubernamentales
ante la epidemia de coronavirus,
El fiscal determinó entonces, que la participación del presidente en los hechos denunciados, no
constituía una infracción administrativa, ni contravencional y tampoco tipificaban el delito de
Propagación de Epidemia que requiere se produzca el contagio o transmisión de la epidemia.
En abril, el gobierno cubano amenazó con enjuiciar a más de 3,600 habaneros que se negaron a
pagar las multas por incumplimiento de las medidas sanitarias contra el coronavirus.
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