martes, 13 de octubre de 2015

La Nacionalización en Cuba y los hermanos Castro Ruz

Nacionalizar quiere decir:
Hacer que pasen al “gobierno”, de una nación, los medios de producción y servicios de las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas
La aprobación de ambas leyes representaba un factor decisivo para consolidar el poder y determinó que la incipiente dictadura fuese la “dueña” del país.





Respuesta al artículo de Eugenio Suárez Pérez aparecido en el periódico “ABUELITA”
http://www.granma.cu/cuba/2015-10-12/nacionalizar-quiere-decir-pasar-a-poder-de-la-nacion




Podía parecer que las primeras leyes aprobadas por la incipiente dictadura no ocasionaban “grandes” afectaciones a las grandes empresas. Podía parecer que, al elevar el nivel de vida de la población (trabajo y salarios para todos), las medidas de “beneficio social” contribuían a la prosperidad de los negocios.


A cualquiera que no supiera de negocios, le podía parecer bueno que el poder adquisitivo de la población aumentase (de forma desproporcionada) en relación a las posibilidades de oferta, sin que se hubiera creado un crecimiento de la producción nacional.


Por supuesto que aumentó el consumo interno, pero no pasaría mucho tiempo (1962 libreta de abastecimientos) para que, las grandes empresas (ahora dirigidas por unos interventores ignorantes) se mostraran incapaces de solventar los problemas causados por la escasez de productos ante una población con dinero.
Por supuesto que los dueños de las empresas no podían estar de acuerdo con medidas tan arbitrarias.


Al comenzar a aplicar las primeras medidas populistas llamadas “revolucionarias” la incertidumbre se apoderó del mercado. Mientras los hermanos Castro Ruz coqueteaban con las “autoridades” soviéticas, las grandes empresas cubanas retiraban cuantiosas sumas de dinero y muchos empresarios emigraban, dejando a los administradores a cargo de sus negocios y empresas. Los llamados “conflictos laborales” eran más de carácter ideológico que económico y azuzados por el llamado “gobierno revolucionario”.


¿Cómo es posible decir que en los primeros seis meses transcurridos desde el primero de enero de 1959, aquellos que apoyaron la lucha armada (grandes, medianos y pequeños empresarios) contra el tirano Batista, de la noche a la mañana se dedicaran a apoyar grupos subversivos? Eso es una canallada histórica de los hermanos dictadores, acostumbrados a traicionar a quien no les convenga.


¿Quiénes eran los enemigos de la “revolución” Sr. Suárez?


¿Qué empresario responsable consideraría reinvertir su dinero en un proyecto que desequilibraba la balanza económica del país?

A DESTRUIR LA NACIÓN
Con el objetivo de liquidar el poder económico en manos privadas y conspirando (en contra del pueblo que decían defender) desde un instituto (que en realidad era un gobierno paralelo llamado INRA), el 13 de octubre del año 1960 un Consejo de Ministros (sin reconocimiento jurídico) acordó la aprobación de una ley.


La Ley 890 dispuso la nacionalización, mediante la expropiación forzosa, de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas. Entre las 382 empresas nacionalizadas estaban 105 centrales azucareros; 18 destilerías; seis empresas de bebidas alcohólicas; siete alimenticias; dos de aceites y grasas; tres fábricas de jabones y perfumes; cinco lácteas; dos de chocolates; nueve de envases; tres de pinturas; tres químicas; seis metalúrgicas básicas; siete papeleras; 60 textiles y de confecciones; un molino de harina; 16 de arroz; 47 almacenes de víveres; diez tostaderos de café; tres droguerías; 13 tiendas por departamentos; ocho empresas ferroviarias; una imprenta; 11 cines y circuitos cinematográficos; 19 compañías de construcción; una de electricidad y 13 marítimas.


La Ley No. 891, determinó la nacionalización de la banca privada para adecuarla a los requerimientos de la economía del incipiente régimen, declarando que la función bancaria solo podría ejercerla el gobierno a través de los organismos creados al efecto con arreglo a unas disposiciones legales también sin reconocimiento jurídico. Solo dos bancos privados mantuvieron sus operaciones: The Royal Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia.
La aprobación de ambas leyes consistía en traspasar el patrimonio de una nación (los bancos y las empresas que, por su volumen y valor estratégico, representaban un factor decisivo) a un “gobierno de facto” y por ende, determinaba que los hermanos Castro Ruz pasaran a ser los dueños del país.

“ESTA ES UNA LEY DE DEFENSA DE LA ECONOMÍA NACIONAL”
El sábado 15 octubre de 1960, el Primer Ministro (de facto), Fidel Castro, compareció en un programa especial de “Ante la Prensa” para responder las interrogantes de un panel de periodistas. Carlos Rafael Rodríguez, quien formaba parte del panel, preguntó al Jefe de la Revolución por qué dos bancos canadienses fueron excluidos de la Ley de la Banca. Fidel, respondió:


“[…] sencillamente porque esos dos bancos están prestando un gran servicio al Gobierno, de carácter internacional al viabilizar las operaciones comerciales, de importación y de exportación; es decir, todos los trámites de pago, los están realizando estos bancos y están prestándole un servicio a la Revolución, a través de sus casas matrices en Canadá” […] “nosotros tenemos siempre que hagamos una ley que tener en cuenta todos estos hechos para ir desenvolviendo todo el proceso revolucionario y utilizando todos los medios y todas las facilidades que se presenten. Así que esa es la razón por la cual los dos bancos canadienses no fueron incluidos en la Ley.”


En su respuesta a Carlos Rafael, también Fidel argumentó acerca de otras entidades que no fueron nacionalizadas:


“Algunos preguntan que por qué Sears, por qué los Ten Cents. Por la razón muy sencilla, esas empresas por ser norteamericanas, están sujetas a la Ley de Defensa de la Economía Nacional, es una legislación que se hizo contemplando esos casos y esta es una legislación distinta de aquella. Aquellas empresas están sujetas y se han ido nacionalizando en la misma medida en que se han venido efectuando agresiones contra nosotros, y están sometidas a una legislación que ya fue creada, esa es la única razón por la cual no están incluidas porque esas están en su legislación y esta es una legislación nueva para casos distintos de aquellos.”


El futuro dictador dejó claro lo siguiente:


“Esta es también una Ley de Defensa de la Economía Na­cional, pero con respecto a empresas que no son extranjeras, son empresas de cubanos. No son empresas nacionales, porque algunos dicen: ¿cómo es eso de nacionalizar empresas nacionales? No, nacionalizar quiere decir pasar a poder de la nación. Eran empresas privadas de ciudadanos o de entidades cubanas, pero no son empresas nacionales, y por eso es que se llama Ley de Nacionalización de Empresas que no eran nacionales, sino eran empresas particulares. Son dos casos distintos, dos legislaciones distintas y no hay que preocuparse mucho por eso. Si a nosotros nos siguen las agresiones económicas, nosotros seguimos nacionalizando empresas norteamericanas, de acuerdo con aquella legislación”.


¡Más claro ni el agua! Las empresas privadas, de propietarios cubanos, tenían que pasar a ser propiedad de “un gobierno de facto”.  En fin, propiedad de un grupo de “gentes” que no habían sido elegidos por el pueblo de Cuba y que se sentían con el derecho de representarlo.


Comenzaba la gestación del comunismo estalinista en Cuba, donde los medios de producción debían pasar a las manos de la llamada “dictadura del proletariado”.
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